“De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”, nos recordaba Ross Ulbricht en la Bitcoin Conference 2021 en una llamada que sostuvo con Bitcoin Magazine desde la prisión federal de Tucson (el “infierno”), donde está cumpliendo una condena perpetua por crear Silk Road, el sitio web para comerciar anónimamente con esa criptomoneda.
¡Pero qué irónico! Miles de inversionistas y entusiastas de las criptomonedas disfrutaban del clima caluroso de Miami, conversando sobre el esperanzador futuro del Bitcoin y la libertad que nos brinda de poder comerciar más eficientemente y conservar valor fuera del sistema bancario controlado por los gobiernos. Ross, mientras tanto, se preparaba para ir al SHU (una especie de confinamiento solitario), a “la prisión dentro de la prisión” como él lo mencionó, simplemente por hacer esa llamada.
Simultáneamente, por más inverosímil que parezca, se fraguaba no muy lejos de la conferencia, la ley que posteriormente aprobaría el parlamento salvadoreño para utilizar el Bitcoin como moneda de curso legal (legal tender). Bukele igualmente aprovechó la conferencia y transmitió allí el anuncio de tan novedosa iniciativa. Por supuesto, tuvo más impacto el disimulado autobombo de Bukele que la desgarradora llamada de auxilio de Ross. ¿Por qué?
El Bitcoin ya no es lo que era ni lo que pretendía ser. Esperábamos que sucediera, pero no tan pronto. La Ley Bitcoin de El Salvador fue su estocada inicial, el punto de inflexión que marcó la muerte de la forma de pago y de almacenar valor que nació dentro de la comunidad cypherpunk, ajena y muy distante a la banca de reserva fraccionaria y las impresoras de dinero que les encanta a los bancos centrales. El júbilo de la nueva ley salvadoreña domina ahora los círculos del blockchain y sus aplausos ensordecedores sobrepasan el grito de auxilio del pionero del Bitcoin.
La Ley Bitcoin es motivo de grave preocupación, pues no solo obliga con la violencia del Estado -como toda ley- a que los salvadoreños acepten Bitcoins como pago en su ejercicio del comercio, sino que además involucra directamente al aparato estatal en el negocio. “Todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio”, dice el artículo 7, sencilla frase que dinamita la idea que tenían Nakamoto y Finney aquel 3 de enero de 2009. Pero es en el artículo 8 que sin ningún pudor sentencia a cadena perpetua la libertad del Bitcoin para los salvadoreños: “(…) el Estado proveerá alternativas que permitan al usuario llevar a cabo transacciones en bitcoin, así como contar con convertibilidad automática e instantánea de bitcoin a dólar.” Es decir, el Estado (un grupo de políticos) intervendrá en la compra y venta de Bitcoins con el dinero que le extrae a los salvadoreños mediante impuestos.
Bukele lo dice sin vergüenza: “Tienen que aceptar bitcoin, pero no el riesgo, que pasará al Gobierno”. Pero el riesgo no lo sume el “gobierno”, lo asumen los salvadoreños que lo mantienen, así que, a partir de la vigencia de la ley, el Bitcoin tendrá nuevos inversores y de los que jamás pensamos: los “contribuyentes” salvadoreños con el Estado como “intermediario”. Ahora, esos inversores y entusiastas del Bitcoin ven con ojos brillantes estas iniciativas de ley, abogando por la adopción de la criptomoneda en el mercado, pero ignoran complacidos sus peligros.
Hay que preocuparse, pues en El Salvador están a una reforma legal de distancia para que el precio del Bitcoin sea determinado por Bukele o quienes sean los gobernantes de turno, pues solo les basta con modificar la redacción del artículo 2 de la Ley Bitcoin. Para los crédulos y los contractualistas (si es que hay diferencia), esto significa que de un día para el otro los “representantes” (apoderados generalísimos sin límites de suma o moral, siguiendo la teoría contractualista) de los salvadoreños podrán determinar el precio del Bitcoin. La Ley Bitcoin se aprobó en más o menos 5 horas, desde su presentación hasta su aprobación, bien pueden reformarla en igual o menos tiempo. A quienes ven con buenos ojos esta ley, les pregunto: ¿tanto confían en los políticos?
Cuando empezó la llamada de Ross, pensé que hablaría del Bitcoin, pero con costos lo mencionó. “Yo quiero que ustedes entiendan lo que significa perder su libertad” repitió más de tres veces, pero el mantra poco caló en la audiencia, que hoy en su gran mayoría se interesa por las ganancias que les deja el Bitcoin y no por la criptomoneda como tal.
Y está bien, iba y tenía que pasar, pero hay que saberlo, ya el Bitcoin como criptomoneda no importa: poco interesa a quienes estamos conscientes de la libertad que perdemos con su regulación, poco les importa a los políticos y funcionarios que nos la quitan y es totalmente irrelevante a los que eso les deja ganancias. Lo que importa es lo que está detrás de la cadena de bloques, aunque que eso implique que los gobiernos encarcelen, multen o les quiten dinero a esos “inversores obligados”. Unos pedimos menos leyes para que quienes usen Bitcoin no sean perseguidos, pero ahora otros piden leyes para que se persiga a quienes no lo acepten.
Neto Parra G. para La Botica – Elías Jiménez Rojas